La discriminación es la
negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y
oportunidades para que las personas tengan posibilidades iguales de realizar
sus vidas. Es decir, la discriminación excluye a quienes la sufren de las
ventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se
distribuyen de forma desigual e injusta.
En la Ley Federal para prevenir y
eliminar la discriminación se entiende
por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que,
por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos
y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales,
la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier
otro motivo.
También se entiende
como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial
y otras formas conexas de intolerancia.
Cuando la
discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas
pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al
tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos,
se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la
sociedad. (Conapred).
Grupos vulnerados
PAM
– Personas Adultas Mayores:
Son falsamente asociadas con enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca
productividad que en conjunto conducen a estereotipos equivocados de
decadencia. Esto las convierte en objeto de abandono, maltrato, exclusión y en
víctimas de discriminación, lo que restringe su acceso a derechos que son y
deben ser gozados por todas las personas en un estado democrático. Asimismo,
sufren doble o triple discriminación cuando, además de ser adultos mayores son
mujeres, indígenas o llegan a padecer alguna discapacidad. Lo cual, los expone
en mayor grado a la marginación, exclusión, rechazo y hasta la violencia.
Las PAM también padecen discriminación al ser vistos solamente como
necesitados de medidas asistenciales, médicas y de protección social. Es
innegable que se requiere de políticas sociales, para que las personas adultas
mayores sean integradas como sujetos que participan en el desarrollo económico
y social del país.
Afrodescendientes:
La
escasez de datos estadísticos, información sobre su situación económica y
social indican, por una parte, el poco avance que hay en términos de inclusión
de este grupo y, por otra, impide tener un diagnóstico confiable sobre los
niveles de exclusión que padecen en cuanto al acceso a derechos y oportunidades.
Esta falta de información conlleva a una seria dificultad para diseñar programas y medidas en favor de una incorporación más igualitaria con base en las necesidades particulares de este grupo, para que también sean destinatarios de las ventajas de vivir en una sociedad ordenada. La invisibilidad facilita la violación de derechos y libertades, aun cuando sean reconocidas de manera igualitaria para todas las personas. De este modo aumenta la vulnerabilidad, se fomenta la repetición de la exclusión y la discriminación en el acceso a derechos y oportunidades.
Creencias
religiosas:
La religión es un derecho humano fundamental que quedó plasmado en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.”
La
religión tiene una dimensión colectiva muy importante al grado que suele ser un
factor de identidad para una comunidad, un pueblo, un país o una región. La
diversidad religiosa es entonces entendida como un riesgo para la identidad y
un factor que debilita a una comunidad. Por ello, las personas que no siguen la
religión mayoritaria están expuestas a ser discriminados en sus creencias y
prácticas, ya que son diferentes a las costumbres generalizadas. Y es que la
religión no se reduce a una dimensión meramente espiritual o una actividad del
pensamiento sino que se expresa en la forma de vida. Pensemos en los días
sagrados y festivos, en el tipo de comida, en la ropa que se utiliza, en el
arreglo personal y en otros aspectos cotidianos, del día a día, que están
orientados por la religión. La discriminación religiosa no sólo se da cuando se
limita el derecho a practicar los actos de culto o difundir las creencias
religiosas; también ocurre cuando a causa de la religión una persona no es
contratada en un trabajo, es separada de una escuela u organización, es
hostigada o señalada en su vida diaria, se le limitan servicios básicos como
agua y luz, y más gravemente cuando se le expulsa de su propia comunidad.
Etnias:
A
los grupos indígenas y minorías étnicas en el país se les discrimina a través
de actitudes que los excluyen y marginan desde la posición de quien se
considera mayoría, ciudadano y por ende, con un goce de derechos que otros no
pueden ejercer.
Históricamente, tanto a indígenas como a otros grupos étnicos se les ha prejuiciado y estigmatizado por su apariencia física, lenguaje, cultura y tradiciones, lo que los ha excluido de la vida en sociedad y, sobre todo, de la posibilidad de ejercer sus derechos y participar en la distribución de las ventajas de la cooperación social. El trato desigual que han padecido histórica y sistemáticamente les ha quitado oportunidades de desarrollo, provocando también un acceso restringido a derechos, lo que los expone a una exclusión sistemática y una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
Fenómenos como la pobreza y la discriminación agravan las condiciones de vida de los grupos y minorías étnicas en el país. El acceso a la justicia se ve obstaculizado por diferencias de lenguaje, la estigmatización y el menosprecio por la diversidad cultural. El derecho a la educación se vuelve inaccesible al no considerarse la situación de marginación que padecen, la diferencia de tradiciones y lenguas. Lo mismo sucede con el acceso a los servicios de salud y vivienda.
Los
pueblos y comunidades indígenas y las minorías étnicas son grupos vulnerados
porque han sido víctimas constantes de discriminación. Históricamente no se les
ha permitido formar parte de la construcción política, económica, social y
cultural del país, lo que se traduce en prácticas e instituciones no
incluyentes. El ejercicio de sus derechos y la desigualdad de acceso a
oportunidades reafirman viejos prejuicios que facilitan la reproducción de la
exclusión y la discriminación.
En
un país como el nuestro, es imprescindible no sólo reconocer la diversidad
cultural formalmente, como lo hace nuestra Constitución, sino garantizar la
igualdad de reconocimiento de todas las personas, a través de la posibilidad de
ejercer derechos y acceder a oportunidades en igualdad de circunstancias para
practicar de manera efectiva la diversidad.
Los
extranjeros que están en situación irregular en el país son particularmente
vulnerables a la discriminación, porque se tiene la falsa percepción de que las
personas gozan de derechos dentro de su territorio y los pierden al viajar sin
documentos, de ahí que con frecuencia sufran de abusos y vejaciones además de
que cargan con una serie de estereotipos y estigmas que los relacionan con
delincuentes, integrantes de grupos delictivos, alta peligrosidad y violencia. También las personas que viajan sin documentos están expuestas a
un daño mayor ya que, ante la falta de visas o permisos, temen denunciar y su
situación de vulnerabilidad se potencia. Además, los migrantes temen a las
represalias, desconfían en el sistema de procuración y administración de
justicia, lo que provoca impunidad.
La discriminación es doblemente padecida por las mujeres, niñas y niños migrantes, quienes sufren de acosos y malos tratos en situaciones de detención, además son orillados al trabajo doméstico clandestino, prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas y sexuales en las operaciones de trata.
Es muy importante que se genere un cambio cultural en el que haya una sensibilización sobre las condiciones en que viajan las personas migrantes y las razones por las cuales una persona deja su país. La mayoría lleva muy pocos recursos y miles viajan en trenes de carga hacia el norte del país, lo que pone en peligro su integridad. La mayoría son migrantes económicos que buscan mejorar su calidad de vida; sin embargo, también existe un número importante de personas que huye de situaciones de violencia, así como de desastres naturales.
La violencia generada contra los migrantes está motivada por la discriminación, pues aunque sus derechos humanos están reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, el ejercicio real de éstos se encuentra limitado.
Refugiados:
Los
refugiados son considerados grupos en situación de vulnerabilidad porque el
sólo hecho de tener que huir de sus países y adentrarse en otro, muchas veces
de forma irregular, los hace poco visibles y susceptibles de abusos.
Es
importante señalar que nadie elige convertirse en refugiado, pues en muchos
casos significa vivir en el exilio y depender de los demás para cubrir
necesidades básicas. Los refugiados huyen o dejan sus países debido a temores
fundados de ser perseguidos por motivos de raza, religión, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas.
En
México, muchas personas perseguidas son llevadas a las estaciones migratorias
del Instituto Nacional de Migración, donde inician o continúan su trámite ante
las autoridades mexicanas de reconocimiento de calidad de refugiados. Durante
este tiempo, estas personas, se encuentran privadas de la libertad, sin acceso
efectivo a representación legal y a otros derechos, lo que aumenta su situación
de vulnerabilidad.
Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el "aseguramiento" o detención de las y los solicitantes de reconocimiento de refugiados es considerada una detención arbitraria. Por ello, no debería practicarse la detención automática de solicitantes de la calidad de refugiado que llegan "directamente" y de manera irregular a México, ni debería ser indebidamente prolongada.
El incremento del uso de controles migratorios a lo largo de las fronteras o en las vías de comunicación que suelen utilizar las y los desplazados en el interior del país, como respuesta a la migración masiva, pueden significar un factor riesgo para las personas refugiadas. El caso más grave es la deportación a sus países de origen, pues se les coloca de nueva cuenta en riesgo de persecución.
Mujeres:
La
cultura dominante, a lo largo de la historia, ha dado a las mujeres un papel de
subordinación en una visión masculina que las deja sin derechos, poder y
prestigio. Se les ha conferido la responsabilidad única de la reproducción y el
cuidado familiar.
Las
sociedades modernas se identifican con los ideales democráticos de igualdad y
libertad, sin embargo, en el espacio familiar funcionan principios
tradicionales que sirven como ancla de formas autoritarias y discriminatorias.
Estos valores que se aprenden dentro de la familia, se practican y reproducen
fuera de ella, dando una continuidad acrítica a la dominación del hombre en
contra de la mujer
Es
claro que las mujeres no se han limitado a ser víctimas. Han logrado resistirse
y rebelarse, pero desgraciadamente las consecuencias de estas prácticas
conducen a una discriminación que se manifiestan en todos los ámbitos de la
vida. Se les agrede de forma física, verbal, emocional, sexual y económica. Se
les siguen negando derechos económicos y laborales al recibir sueldos
inferiores a los de sus pares hombres, al no tener acceso a todos los puestos
de trabajo; padecen maltrato, humillación, marginación, educación interrumpida.
Dejar
fuera a las mujeres alimenta la idea equivocada de que las diferencias de
género son naturales. Refuerza la idea de que hay espacios para hombres y otros
para mujeres, que ellos se dedican a la producción, al trabajo y a lo público;
y ellas a la maternidad, a la procreación, a lo privado. Son las sociedades, la
cultura, la historia y no los genes ni la herencia, los que fomentan las ideas
que llevan a una discriminación sistemática que coloca a la mitad de la
población que representan las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Niñas y niños:
La
situación de vulnerabilidad que enfrenta la niñez en México está basada
fundamentalmente en dos razones:
La
primera es que las niñas y niños forman parte de un grupo que, al estar en
proceso de formación y desarrollo, mantiene una relación de mayor dependencia
con otras personas, por ejemplo, para acceder a una alimentación adecuada, a
servicios médicos y educativos y en general a cualquiera de los derechos
reconocidos.
La
segunda es que frecuentemente la violación de los derechos de la infancia es
poco visible en relación con otros grupos de la población. La violencia
intrafamiliar, la necesidad de que niños y niñas contribuyan al ingreso
económico de la familia, la falta de conocimiento de sus propios derechos, etc.
exponen a la niñez a la violación de otros derechos que son para ellos y ellas
difícilmente denunciables, lo que facilita la repetición de las violaciones y
aumenta la vulnerabilidad.
La situación de millones de niños y niñas se agrava cuando los padres y madres viven en condiciones de marginación y pobreza, pues los niños adquieren responsabilidades ajenas a ellos, renunciando a medios y recursos que son imprescindibles para aumentar sus oportunidades futuras, como lo es la educación.
La
niñez es una etapa fundamental de aprendizaje que tiene efectos a largo plazo.
Lo que suceda en la infancia tendrá gran influencia en el resto de la vida y en
este sentido, en la vida de las comunidades. Por ello las niñas y los niños son
particularmente importantes. Un ambiente de desarrollo donde existe la igualdad
de oportunidades, de acceso a la educación, la salud y el esparcimiento, es una
condición sin la cual es difícil pensar que en la vida adulta no enfrentarán o
incluso reproducirán la discriminación, la exclusión y la marginación social.
Personas con
discapacidad:
La
principal barrera que padecen las personas con discapacidad es que debido a sus
características se piensa que es imposible su integración plena a la sociedad.
Esta mentalidad les ha traído consecuencias graves durante generaciones, pues
en lugar de que se establezcan las condiciones necesarias para su pleno
desarrollo, se les margina y rechaza al marcarlos como incapaces de formar
parte de la visión homogeneizante de la normalidad.
Las
personas con discapacidad se enfrentan a fuertes estigmatizaciones que los
dejan fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Históricamente
han sido señalados como inútiles, incapacitados, estorbos y han padecido
escarnio público y burlas tanto a nivel social como en los medios de
comunicación. Incluso en algunas leyes estatales aún se les califica como
personas que padecen "idiotismo" o "imbecilidad", lo cual
es síntoma inequívoco en la actualidad de una visión excluyente.
Si
se suma a esta serie de prejuicios la idea de que las personas con discapacidad
(se calcula que en México existen alrededor de 10 millones según cifras de la
Organización Mundial de la Salud), están imposibilitadas para incorporarse a la
vida en sociedad, se tiene como resultado una marginación difícil de superar.
Desde 2008, luego de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, se acordó que el problema fundamental radica en mantener esta
visión lastimera, que deja sin poder a las personas discapacitadas; cuando en
realidad el problema no está en la discapacidad, sino en la sociedad, en el
entorno y en el gobierno, que han creado y fomentado las barreras de un modo en
el que no pueden gozar y ejercer sus derechos humanos, civiles, sociales y
políticos.
Personas que viven
con VIH:
Las
personas que son portadoras del Virus de la Inmunodeficiencia Humana o que
están enfermas de SIDA son fuertemente discriminadas por el miedo al contagio y
porque cargan con una serie de prejuicios asociados a su actividad sexual, lo
que les causa una alta marginación que les impide desempeñarse plenamente en el
trabajo, tener acceso a los servicios de salud y vincularse libremente con
amigos y familiares.
La
mayoría de las veces, la personas afectadas por la infección no tienen acceso a
los mecanismos de control y prevención de la enfermedad, o bien llegan a ser
obligados a tomar distancia de éstos a causa de un tratamiento diferenciado y
excluyente.
El estigma exacerbado por el miedo al contagio, produce una doble discriminación en las personas con preferencias u orientaciones sexuales diferentes de la heterosexual, así como para las trabajadoras y trabajadores sexuales comerciales, pues se les atribuye falsamente la proliferación de la epidemia.
A pesar de las campañas informativas sobre la enfermedad, los prejuicios normalizados provocan que sean objetivo sistemático de discriminación que impide a las personas con VIH gozar de derechos fundamentales y los coloca en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad. Esta exclusión las deja fuera de una fuente laboral, de la escuela, e incluso de su propia familia. La estigmatización también provoca abandono, que unido a la negación de derechos, puede significar un mayor y más rápido deterioro de su salud que termina con la muerte.
Diversidad sexual:
Las
personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente de la
heterosexual sufren discriminación porque existe una tendencia homogeneizante
que defiende la heterosexualidad como sexualidad dominante y a partir de ella,
se califican todas las demás orientaciones o manifestaciones. El resto de las
formas de sexualidad aparecen como incompletas, perversas y en algunos casos,
como patológicas, criminales e inmorales. Lo anterior provoca una respuesta de
temor al riesgo imaginado desde el prejuicio dogmático e intolerante, que en
última instancia se traduce en desprecio, odio y rechazo.
La
discriminación contra las personas que tienen una preferencia u orientación
sexual diferente a la heterosexual se manifiesta como homofobia que es la
aversión contra las orientaciones, preferencias sexuales, identidades o
expresiones de género, contrarias al arquetipo de los heterosexuales lo que
incluye la lesbofobia y la transfobia.
Las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas, en el trabajo, escuela y en sus propios hogares. Se manifiesta en despidos, exclusión educativa, rechazo religioso, negación de servicios, estereotipos y estigmas reproducidos por los medios de comunicación, humillación, rupturas familiares, abandono, invisibilidad, violencia y, en casos extremos, hasta la muerte.
Su contra cara es el respeto a la diversidad que implica comprender que todas las personas tienen el derecho a realizar su proyecto particular de vida; que todas las personas pueden ejercer los derechos y libertades reconocidas; y que todas gozan de la protección de las instituciones públicas, sin ninguna distinción.
Jóvenes:
La
juventud tiende a cuestionar críticamente al mundo, busca comprenderlo desde
una perspectiva que es o puede ser distinta a la de las personas adultas. Sin
embargo, las y los jóvenes deben integrarse en ámbitos que les resultan ajenos,
tales como la actividad laboral o la participación política. Acceder a
oportunidades dentro de estos espacios frecuentemente significa renunciar a la
propia individualidad sin que haya una razón legítima de fondo. Podemos decir
entonces, que las estructuras sociales existentes no necesariamente responden
(ni están siempre diseñadas para responder) a las necesidades de integración y
reconocimiento de la juventud. Tienden a ser menos flexibles y suponen
obstáculos al pensamiento de los jóvenes, lo cual los ha llevado a una
situación de marginación y rechazo, pues son vistos como un riesgo o amenaza
para el orden existente y para su legitimidad.
También es posible afirmar que aun cuando los espacios y las oportunidades para incorporarse a la vida “adulta” son limitados y dejan fuera a un alto número de jóvenes, no por ello deja de exigírseles su incorporación a los mismos. La situación se agrava, cuando se les asocia con una serie de prejuicios que hacen más compleja su integración. Se les ha estigmatizado como irresponsables, sin ambiciones ni compromiso con su país o entorno y más grave aún, se les criminaliza.
Los
espacios para la juventud en México son limitados y no permiten que las y los
jóvenes desarrollen plenamente su potencial. Esta falta de oportunidades aunada
al rechazo y prejuicios que pesan sobre ellas y ellos, no es otra cosa que la
negación o limitación arbitraria de derechos con graves consecuencias a nivel
individual, social, político y económico.
Trabajadoras del
hogar:
El
trabajo doméstico consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él,
incluidos las tareas domésticas, el cuidado de niños y otros cuidados
personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no
remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que las trabajadoras
reivindican su actividad económica productiva.
Los
movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar llevaron a
considerar el 30 de marzo como el Día de las Trabajadoras del Hogar,
precisamente con la intención de colocar en la agenda pública su situación de
discriminación sistemática y llamar la atención ante la indiferencia social. En
1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer Congreso de Trabajadoras del
Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de
trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó el 30 de marzo como Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar, como fecha conmemorativa y de
reivindicación de los derechos de este sector compuesto en su mayoría por
mujeres indígenas o empobrecidas.
Para
diferenciar las labores domésticas que se realizan en casa, generalmente no
remunerado y realizado por integrantes de la familia, las trabajadoras del
hogar han definido que se les denomine de esa manera, precisamente porque lo
que exigen en primera instancia es que se les reconozca como trabajadoras y que
en correspondencia con esta condición, tengan acceso igual al goce de los
derechos como cualquier trabajador y trabajadora.
¿Qué puedo hacer
si yo o alguien que conozco fue víctima de discriminación?
Las autoridades deben garantizar nuestros derechos utilizando el más
alto nivel de protección, independientemente de dónde estén reconocidos. Los
países y sus autoridades tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias
para proteger y cumplir los derechos humanos, por lo que es importante que los
exijamos.
En México contamos con diferentes mecanismos para la protección de
nuestros derechos. Algunos de ellos son: las comisiones públicas de derechos
humanos, el recurso de Amparo, la denuncia ante el Ministerio Público, acudir a
organismos civiles de derechos humanos, las denuncias públicas, manifestaciones
y protestas sociales.
El
CONAPRED pone a disposición de las personas de manera gratuita los medios para
defender su derecho a no ser discriminadas. Toda persona que considere que ha
sido víctima de un presunto acto, omisión, o práctica social discriminatoria
puede acudir a este Consejo Nacional para denunciarlo. El personal de este
Consejo durante el procedimiento, asesora e informa a las personas
peticionarias sobre el curso de su trámite.
Las quejas que se
presenten ante el Consejo sólo podrán admitirse dentro del plazo de un año,
contado a partir de que se haya iniciado la realización de los presuntos actos,
omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o de que la persona
peticionaria tenga conocimiento de estos.
En casos
excepcionales, y tratándose de actos, omisiones o prácticas sociales
discriminatorias graves a juicio del Consejo, éste podrá ampliar dicho plazo
mediante un acuerdo fundado y motivado.
La queja es una
petición formulada por cualquier persona para hacer del conocimiento de este
Consejo presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias,
atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas
servidoras públicas federales y a los poderes públicos federales.
Toda persona,
organizaciones de la sociedad civil o colectividades podrán denunciar presuntos
actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, por sí,
o por medio de un representante, independientemente de que tengan vínculos o no
con la persona agraviada.
La misma puede
presentarse a través de las siguientes vías:
- Personal.
- Telefónica.
- Por escrito.
- Fax.
- Correo electrónico.
- Página web.
Con base en lo establecido en el
artículo 49, segundo párrafo de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación,
las quejas presentadas por vía telefónica, fax, por la página web institucional
o el correo electrónico institucional, deberán ratificarse dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su presentación, pues de lo contrario se tendrán por
no presentadas.
Cuando la queja es
calificada como un presunto acto, omisión o práctica social discriminatoria, se
solicitará un informe en relación a los hechos a la persona particular,
servidora pública federal o poder público federal a quien se atribuye la
conducta discriminatoria, el cual deberá rendir dentro del plazo máximo de diez
días hábiles siguientes al de la fecha de su notificación.
De forma inicial,
este Consejo podrá someter a las partes a un procedimiento de conciliación. De
existir acuerdos en ésta, se suscribirá el convenio respectivo, que tendrá
autoridad de cosa juzgada y aparejada ejecución.
Ahora bien, de no
lograrse la conciliación entre las partes, se abrirá la etapa de investigación
o se determinará la queja de considerar el Consejo que cuenta con los elementos
o prueba para ello. En la etapa de investigación el Consejo podrá efectuar
todas las acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento del
asunto.
De acreditarse el
acto, la omisión, o la práctica social discriminatoria imputable a particulares
o personas servidoras públicas federales o poderes públicos federales, se
formulará la correspondiente resolución por disposición, a través de la cual se
señalarán las medidas administrativas y de reparación que correspondan. El
seguimiento y la verificación del cumplimiento de convenios y resoluciones por
disposición se lleva a cabo por este Consejo.
·
Los datos personales
proporcionados, serán protegidos en términos de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la información Pública Gubernamental, de acuerdo a lo establecido en
sus artículos 20, 24 y 25, y demás disposiciones aplicables, emitidas por el
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), los
cuales, a su vez serán incorporados a los Sistemas de Datos Personales
reportados a éste. La finalidad de recabar estos datos es dar respuesta
oportuna a su petición.
Formulario en línea:
No se admitirán las quejas anónimas,
extemporáneas, ni aquellas que resulten evidentemente improcedentes o
infundadas; las que no expongan conductas o prácticas discriminatorias, dentro
del ámbito de competencia del Consejo, o éstas consistan en la reproducción de
una queja ya examinada o resuelta.
Es importante
señalar que los particulares que consideren haber sido discriminados por actos
de autoridades o de personas servidoras públicas en el ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas que acudan en queja ante la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y si ésta fuera admitida, el Consejo estará impedido
para conocer de los mismos hechos que dieron fundamento a la queja.
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Directorio
CONAPRED
Consejo Nacional para
prevenir la Discriminación
(55)56621490 y 01 800 543
0033
Twitter:
https://twitter.com/conapred
El Conapred también se encarga de recibir y
resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios
cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus
funciones. El Conapred desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos
y las ciudadanas de toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil o cualquier otra, que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.1 (Artículo 4º. Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación).
Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal
5229
5600 55 78 23 80 ext. 102
cdhdf@ms.cdhdf.org.mx
presidencia@ms.cdhdf.org.mx
Av. Universidad No. 1449,
Col. Florida, Pueblo de Axotla C.P. 01030 Delegación Álvaro Obregón México D.F.
Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla
(222) 248 53 19 / (222) 248 54 51 / 01 800 201
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Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
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Delg. Miguel Hidalgo, C.P. 11800
México D.F.
Tel. (55) 5271-7226
El IMDHD es una organización civil sin fines de lucro, autónoma,
apartidista y laica que promueve los principios de la democracia sustantiva y
los derechos humanos desde una perspectiva integral. Busca coadyuvar en el
mejoramiento de la vida democrática del país y alcanzar el pleno ejercicio de
los derechos humanos de la población en general, particularmente de aquel que
vive en condiciones de discriminación y/o exclusión, mediante el análisis de
contextos sociopolíticos, promoción de iniciativas civiles, investigación
aplicada y capacitación a actores relevantes en seguridad ciudadana y justicia
penal, no discriminación y participación ciudadana.
Si estás interesado en tomar terapia presencial en la Ciudad de Puebla o a distancia vía Skype, escríbeme a terapia@amparobandera.com
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